En los últimos años ha habido un creciente interés a nivel internacional acerca del desarrollo de sistemas educativos que incluyan a todo tipo de alumnos. En la conferencia mundial de Jomtien en 1990, se promovió la idea de “Educación para Todos” y esta fue seguida en 1994 por la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales de Salamanca, organizada conjuntamente por la UNESCO y el Gobierno de España, en Junio de 1994. La declaración de Salamanca es ahora una herramienta de apoyo a muchos países para la revisión de sus políticas. Propone la idea que el desarrollo de las escuelas con una orientación inclusiva es el medio más efectivo de mejorar la eficiencia y en última instancia, el costo-beneficio de todo el sistema educativo.
Sin embargo aún queda un largo camino por recorrer para que la visión de Educación para Todos sea una realidad.

Los principios básicos que deben orientar la política educativa para los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad son los mismos que orientan la política para cualquier niño.
Estos principios están consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y más particularmente en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene una propuesta muy clara en torno a la educación, en ella se establece que:
● La educación es un derecho de todos los niños
● El acceso a este derecho debe estar eximido de discriminación e inspirado en
la igualdad de oportunidades
● Se debe garantizar al interior del sistema escolar un trato compatible con la
dignidad humana
● La educación se orientará por objetivos de calidad, que desarrollen al
máximo las capacidades del niño, preparándole para la vida adulta

Otro aspecto a considerar es que los niños no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación. Esto no significa tratar a todas las personas de la misma manera, sino, por el contrario, ofrecer las ayudas y oportunidades que cada persona necesita de acuerdo a sus características y necesidades individuales. Por lo tanto, implica que los sistemas educativos han de proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales cuenten con las ayudas necesarias que faciliten su proceso de aprendizaje y su autonomía personal. En este sentido, la igualdad de oportunidades no hay que entenderla sólo en relación con el acceso a la educación sino también con el derecho a una educación de igual calidad.

En el ámbito educativo este derecho significa que los niños con necesidades educativas especiales deberían educarse con el resto de los alumnos de su edad y participar al máximo posible de las actividades escolares sin perder de vista sus necesidades específicas. Deben participar del currículo común, haciendo los ajustes necesarios, ya que en éste se establecen las competencias necesarias para ser un ciudadano que participa activamente en la sociedad.
Dentro de esta idea, se entiende la integración escolar como la herramienta educativa del principio de normalización, es decir el derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación. El principio de integración se sustenta en el derecho que tiene toda persona con discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminados.

La integración escolar implica una nueva forma de concebir los procesos educativos, de abordar las diferencias individuales de los alumnos y de utilizar los recursos humanos, materiales y técnicos que puedan existir tanto en el establecimiento educacional como en su entorno.